Militarización  o conservación de las áreas protegidas con campesinos

Por: Sammy Andrea Sánchez

Colombia en el 2018 perdió cerca de 177.000 hectáreas de bosque, según World Resources Institute el país está en el cuarto lugar después de Brasil, Indonesia y República Demócratica del Congo, la deforestación no solo es un problema de perdida de cobertura vegetal, también están amenazados animales como el delfín rosado de la Amazonía, la danta y el manatí del Caribe y culturas milenarias de pueblos indígenas.

Iván Duque en su gira por Europa ha hecho acuerdos bilaterales conReino Unido,  gobierno del que se recibirán 11 millones de dólares para detener la deforestación, enfrentar crímenes ambientales, promover la transición energética y el uso de energías renovables y movilidad sostenible. Con Francia se acordó la protección de los recursos naturales, enfrentar la crisis climática y protección del ambiente.

Por su parte el Gobierno de Noruega aportará 17 millones de dólares que serán invertidos en la lucha contra la deforestación en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Putumayo, Chocó, Santander y Nariño (semana, 2019). Estos aportes serán destinados al Fondo Colombia Sostenible y al Programa Visión Amazonía para la reducción de la deforestación con apoyo de grupos étnicos y la protección de los bosques.

Estas buenas intenciones chocan con la realidad en los territorios donde avanza la deforestación. Aparte de las amenazas y el asesinato contra líderes sociales que defienden causas ambientales, el gobierno nacional apuesta a enfrentar  el “flagelo de la deforestación” con métodos que ya han sido usados en otras estrategias como el plan Colombia y la “lucha contra las drogas”. Las “preocupaciones” por la pérdida de biodiversidad y el cambio climático parecen justificar nuevamente las medidas de fuerza por parte del sector defensa, del poder político y de un sector ambiental influyente, oenegés y medios de comunicación.

Es poco lo que se dice contra los grandes latifundistas o políticos inescrupolosos que dado el poder que ostentan en las regiones avanzan en procesos de acaparamiento de tierras y de avance de la agroindustria como el caso del Gobernador del Guaviare, ampliamente conocido y difundido por diferentes medios.

Así, con la deforestación avanza la criminalización contra campesinos vulnerables que pocos mecanismos tienen para defenderse frente a procesos judiciales. Llama la atención varios puntos de la apuesta gubernamental contra la deforestación, que podrían ser parte de nuevos falsos positivos judiciales y encubrimiento de violaciones de derechos humanos, desplazamientos, despojo de tierras, vejaciones ya vividas por estas comunidades rurales en el marco del Plan Colombia y el Plan Patriota.

Las entidades que hacen parte de la estrategia poco han dicho sobre los grandes acaparadores que impulsan la deforestación: políticos regionales, grupos criminales e incluso empresas multinacionales con licencias para explotar recursos del subsuelo. En el caso del Área de Manejo Especial de la Macarena se han identificado 9 mil 80 focos de calor, de estos, 5 mil 439 corresponden a bloques petroleros que cuentan con licencias antes del Acuerdo de Paz (Radio Nacional, 2018).

En cuanto a la recién creada comisión contra la deforestación, no deja de preocupar que quienes estén llevando la vocería y las acciones sean los miembros de la fuerza pública, de hecho hace unos días se estableció el despliegue del 10% del ejercito para protección de la biodiversidad y la persecución de quienes infrinjan normas ambientales y se lanzó, el pasado 28 de abril en el PNN Chiribiquete, la campaña Artemisa contra la deforestación, liderada por algunos generales señalados por Human Rights Watch de ser responsable de asesinatos de civiles o falsos positivos (Human Rights Watch, 2019).

La primera operación de la campaña ocurrió el pasado 25 de abril en la vereda Alto Angoleta, San José del Guaviare, fueron detenidos y procesados 9 personas por delitos ambientales, entre ellos cuatro niños, según la presidencia se recuperaron 120 hectáreas, contrario a esto la comunidad advirtió daños en la vegetación y la muerte de animales de consumo doméstico, el segundo operativo tuvo lugar el pasado 26 de junio en la vereda el Capricho, área de ampliación del PNN Serranía del Chiribiquete, igualmente hubo daños sobre las pertenencias de los campesinos, herramientas de trabajo, las viviendas y la quema de 120 cargas de maíz, así como la captura de dos personas entre ellas una mujer en estado de gestación. En los dos casos las familias afectadas afirman no conocer la zona limitrofe del área protegida.

Sin embargo dos cosas saltan a la vista, la primera que las acciones de recuperación implican estrategias de restauración y rehabilitación que lleven en lo posible la zona degradada al restablecimiento de los valores y procesos ecológicos del ecosistema o la recuperación de servicios ecosistemicos de interés para la comunidad, esto con un abordaje que involucre a las comunidades y mejore sus condiciones de vida, sin embargo las acciones llevadas a cabo en la campaña no están en esta linea, solo en el despojo material de los medios de subsistencia de los campesinos que ocupan estas áreas.

La segunda: estas acciones se están implementando en el marco de la sentencia 4360 de 2018, en la cual se ordena un Plan de Acción a corto mediano y largo plazo en cabeza de la Presidencia de la Republica y entidades del SINA con la participación activa de las comunidades afectadas, organizaciones cientificas, ambientalistas que conlleven a llevar a cero la deforestación, mitigar los gases de efecto invernadero y procesos de adaptación para la mitigación del cambio climático y el pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, lo que se está llevando a cabo es un incumplimiento de la sentencia, sobreponer las acciones militares sobre los derechos de los pobladores vulnerables va en contravía de lo establecido por la Corte Suprema.

Esta crisis humanitaria generada por políticas conservacionistas coersitivas, la militarización de la gestión ambiental y el uso de la fuerza contra comunidades locales ha surtido efectos devastadores en otras latitudes. En comunidades del continente Africano, por ejemplo, en la Cuenca del Congo, con las promesas de participación ambiental en la conservación, se introdujo un modelo de conservación de tipo militar que ha causado múltiples violaciones de derechos humanos, violencia sexual, despojo de tierras y experiencias devastadoras para las comunidades locales que por años han estado en zonas ambientalmente importantes, por ejemplo se introdujo “ecoguardias armados” quienes en acciones conjuntas con la fuerza pública han incendiado casas de indígenas Baka y los han maltratado por entrar a la selva a realizar labores de caza para la subsistencia.

El modelo de conservación militar y las acciones de la fuerza pública contra la deforestación ha sido muy aplaudido por parte de los “ambientalistas” que desde Bogotá ven con amarillismo y sensacionalismo las imágenes de sobrevuelos en la selvas del Chiribiquete, pero que no hacen un análisis crítico de las implicaciones que ha tenido para la Colombia rural el despliegue de fuerza pública, las campañas contrainsurgentes y la consecuente creación de un enemigo interno que en últimas se recarga sobre el campesino pobre que en búsqueda de tierras, tumba una o dos hectáreas de selva para el sustento.

Es claro que el gobierno, las organizaciones campesinas y la sociedad deben luchar contra la deforestación y por la conservación de la Amazonía, pero al estar el Estado capturado por redes de corrupción y de actores activos en el proceso de despojo y de acaparamiento de tierras hace difícil responder a un tema de interés público, convendría tocar temas de fondo como la corrupción local, la concentración de la tierra, los negocios ilegales y en general temas que pasan por cambios políticos, culturales y sociales.

Las medidas judiciales contra campesinos en la lucha contra la deforestación podrían recrudecer la crisis humanitaria, la no implementación de las políticas agrarias de acceso a tierras, formalización de la propiedad, desarrollo rural y en general aspectos que materialicen el buen vivir, conllevan a revictimizar a los campesinos, que por años han sufrido el exterminio como sector social.

Los procesos de colonización y de empujar al campesinado hacia zonas de difícil acceso no es un tema nuevo, es la dinámica de lo que ha sido el proceso de poblamiento colombiano en las zonas de la Orinoquía y la Amazonía. El campesino “tumba monte”, arma su rancho y detrás vienen más colonos, se establecen, forman una vereda y con ello, las demandas de servicios públicos, de la materialidad de sus derechos, además el Estado ha propiciado históricamente procesos de ocupación en reservas forestales como antesala a la solicitud de títulos de propiedad.

La deforestación es una resultante también del incumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, el Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas quedó en el papel, al tiempo que la renovada violencia política y el despojo empuja a campesinos a nuevas zonas de colonización.

A su vez, la concertación entre los campesinos que habitan en los Parque Naturales, unas 25 mil familias, y el Gobierno Santos no llegó a ningún puerto en materia de soluciones de política pública. Se perdió entonces una valiosa oportunidad para armonizar, con derechos, la economía campesina y la conservación.

Finalmente,  sería pertinente conformar una red de veedurías ciudadanas y campesinas que fiscalice los dineros públicos que entran a través de la cooperación internacional y de nuestros impuestos para evaluar las acciones que están llevando a cabo programas como Visión Amazonía, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales, entre otros que promuevan acciones vinculantes sobre derechos fundamentales de las comunidades rurales, y no volvamos a vivir otro Plan Colombia ahora con la excusa de la protección del medio ambiente y la conservación.

Bibliografía

Semana. (29 de 05 de 2019). Obtenido de Noruega aporta 17 millones de dólares para enfrentar la deforestación en Colombia: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/noruega-aporta-17-millones-de-dolares-para-enfrentar-la-deforestacion-en-colombia/44399

Radio Nacional. (12 de junio de 2018). Obtenido de http://www.radionacional.co: https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/la-verdad-los-incendios-forestales-colombia

Human Rights Watch. (27 de febrero de 2019). Obtenido de http://www.hrw.org: https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos

 

 


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